La Política Social en Venezuela: Aspectos Doctrinarios, Jurídicos y Gerenciales

Beatriz Ponte de Moreno. Licenciada en Administración. Profesora Titular DAC-UCLA

Esta ponencia resume un trabajo de investigación que tuvo como propósito indagar, a través de una revisión exhaustiva de las Constituciones Venezolanas el contenido social, es decir, las bases constitucionales que desde 1810 le han brindado soporte a la política social del Estado venezolano. Cumpliendo este objetivo, y a partir de la información recabada, se procedió mediante un análisis comparativo, a evaluar la correspondencia que históricamente ha existido entre las diferentes corrientes ideológicas que han servido de fundamento al Estado venezolano a partir de 1810, momento en el cual se da inicio a la conformación de un estado soberano e independiente, y el modelo político y económico que se adoptó en cada época. Marcado énfasis se le concedió al periodo histórico que comienza para Venezuela en el año 1989, año en el cual se instituye un modelo económico que tiene como base ideológica el Neoliberalismo. Esto por cuanto, a partir de ese hecho, el papel del Estado en cuanto a su política social se ve afectado si se toma en cuenta el grado de intervencionismo que lo había caracterizado desde la aparición del petróleo y la consecuente adopción de un modelo rentista, que precisamente desde mediados de los años 80 venía acusando signos de agotamiento. La parte final de la investigación estuvo centrada en el análisis y evaluación, mediante indicadores de pobreza, salud y educación y desde un punto de vista administrativo-gerencial, de la eficiencia del gasto social en Venezuela durante el último quinquenio, demostrándose que existen múltiples hechos que atentan contra la efectividad de ese gasto. Entre estos, la falta de localización, de controles, la duplicidad de organizaciones dedicadas a administrar recursos financieros para los mismos programas y excesiva burocratización. Finalmente se plantean algunas estrategias a ser instrumentadas de manera de incrementar los niveles de efectividad de la política social de los gobiernos para los próximos 5 años.