Es de tomar en cuenta que hay temas
preocupantes para ALC y el proceso de desarrollo que no están incluidos de manera
específica, tales como medioambiente, derechos de los trabajadores y papel del estado. Se
consideró que estos temas son muy importantes, producto de lo cual en el capítulo sobre
elementos para posibles políticas se incluyen consideraciones sobre ellos, no obstante no
formar parte del contenido de los grupos de negociación o comités especiales.
Las implicaciones generales más favorables
para ALC consistirían en que:
1. Estados Unidos y Canadá abrieran
efectivamente sus mercados a los productos de mayor competitividad que se producen en la
región. Esto es particularmente importante si se desean aprovechar las ventajas
comparativas de los diferentes países. En este tema es vital el incluir a productos
agrícolas, textiles y de manufacturación que tienen barreras arancelarias y no
arancelarias en los mercados del norte;
2. El ALCA no se convirtiera en un freno
para las políticas de desarrollo económico en general y de innovación tecnológica en
particular dentro de las naciones latinoamericanas. Si la apertura al comercio es clave en
generar un aprovechamiento de las ventajas comparativas de los países, el aspecto aquí
mencionado es indispensable para promover y vigorizar, incluso dentro de los mecanismos de
mercado, las ventajas competitivas de las diferentes sociedades. No hacerlo equivaldría a
perpetuar condiciones en las cuales la región continuara ofreciendo únicamente la
“competitividad” de mano de obra barata, poca observancia sobre problemas de
contaminación y el uso no sostenido de sus sistemas naturales;
3. El ALCA no entorpezca los esfuerzos por
ampliar los mercados internos de los países, ni al desarrollo científico y tecnológico3.
Este es un tema muy importante. El ALCA no debe ser el fin a alcanzar sino un instrumento
para el desarrollo de las sociedades y para mejorar el nivel de vida. En la medida que los
acuerdos sirvan para una mejor inserción de en los circuitos económicos internacionales,
sirvan para promover acceso a recursos financieros productivos, y se promueva una mayor
demanda efectiva por la población, en un contexto de desarrollo sostenible, se pueden
generar escenarios para la mejora en los niveles de vida. Así como los mercados
internacionales son un motor para el crecimiento, los mismos no se oponen ni mucho menos a
no considerar al mercado interno como un motor del desarrollo económico y social. Con
esto último se fortalecerían las condiciones mediante las cuales los diferentes grupos
sociales pueden aspirar a una mejora en sus ingresos, se lograrían ampliar las
oportunidades para los grupos sociales, especialmente para aquellos más vulnerables. Las
condiciones de mercado serían quienes permitirían la asignación más efectiva de los
recursos en tanto se eliminan las trabas burocráticas en la gestión institucional4.
4. Los esfuerzos de integración regional
dentro de los estados miembros de AMLYC, no sean detenidos por el ALCA. Este punto trata
de subrayar la necesidad de que los países de la subregión continúen en sus esfuerzos
por promover una integración efectiva, con apoyos recíprocos especialmente en las áreas
de:
a. la complementariedad comercial y de
intercambios generales;
b. cooperación en los esfuerzos de
estabilidad en los problemas monetarios;
c. promoción del financiamiento para el
desarrollo; el ALCA establece una relación que debe crear comercio, más que desviar los
intercambios, pero aún así, no es la culminación del esfuerzo integrador.
El esfuerzo debe ser alcanzado básicamente
entre los países de ALC dado que, entre otras razones, sus niveles de desarrollo no son
tan dispares como los que existen entre ellos y Estados Unidos y Canadá. En este punto
los países de ALC debe manifestar oportunamente y constantemente un asumir de sus propias
responsabilidades en función de una búsqueda de mecanismos de desarrollo conjunto5.
Contenidos en Grupos de Negociación y
Comités Especiales: Perspectiva de contenidos y efectos
Grupos de Negociación
Acceso a Mercados
El mandato de este grupo se refiere
a seleccionar una metodología y un cronograma para la eliminación de aranceles y las
barreras no arancelarias. Se requiere también que se establezca un programa de acciones
para implementar este mandato.
Debe notarse aquí que el gran riesgo y una
herramienta o instrumento que puede fácilmente utilizarse con fines políticos es la de
las barreras no arancelarias. Prácticamente estas barreras comprenden todo lo que hacen
los gobiernos, incluso la prestación de los servicios y la protección de la salud y la
seguridad de los ciudadanos.
Es de prever que el mayor poder para
ejecutar medidas no arancelarias vendría de las naciones de mayor poder económico. Si
una nación pequeña establece un arancel por si sola, se expondría fácilmente a
represalias comerciales, como ha sido el caso en varias ocasiones6.
Estas disposiciones expandirían los
alcances del acceso a mercados con repercusiones importantes. Se incluiría por ejemplo,
que los bienes importados provenientes de otro país del ALCA deberían ser tratados no
menos favorablemente que los bienes nacionales. No obstante, el tratamiento nacional que
se tiene en el TLCAN no se extiende a las compras del sector público o a subsidios
nacionales, y se le aplica a los servicios de manera limitada.
Un tratamiento específico y una cláusula
de salvaguarda al respecto podría permitir proteger a ciertos programas nacionales en
caso de que se les cuestione el tratamiento nacional. En este aspecto como en la mayor
parte de las disposiciones, el establecimiento de la institucionalidad legal que ventilara
las querellas judiciales es clave. En esto, los gobiernos y/o las corporaciones
multinacionales o transnacionales que dispusieran de los recursos más abundantes
tendrían acceso a los abogados que les fueran más eficazmente favorables (juicio legal
estricto) y a medios de publicidad para presentar sus casos (consideración del caso ante
la opinión pública).
En estas condiciones la tendencia es que
las reglas de acceso a los mercados tendrán una cobertura más amplia en los servicios.
Esto puede afectar como se teme en varios aspectos de los posibles contenidos del ALCA, el
funcionamiento y operativización de instituciones públicas. Se verían afectadas de
manera restrictiva, por ejemplo, las compras que hacen los gobiernos con el fin de
proteger a proveedores locales, dado el mandato de expansión de las disposiciones a
compras del sector público.
Otra de las tareas que este grupo puede
abordar es el de la eliminación de las barreras técnicas del comercio, las cuales tienen
una relación directa con el tratamiento de problemas del medio ambiente. De conformidad
con los lineamientos de la OMC, el acuerdo sobre las barreras técnicas al comercio es un
régimen internacional para armonizar las normas aplicables al medio ambiente y otros
sectores que efectivamente crean un techo y no un mínimo para la reglamentación concreta
sobre este tema.
Según este acuerdo, una nación al ser
cuestionada debe demostrar que sus normas ambientales y de seguridad son necesarias y
requieren de medios menos restrictivos desde el punto de vista comercial, a fin de lograr
las metas en materia de conservación, seguridad alimentaria o de normas sanitarias. Una
de las mayores dificultades en este punto consiste en determinar la capacidad de
cumplimiento, en recursos financieros y técnicos con lo que podría establecerse, por
parte de las naciones especialmente aquellas que tienen mercados más reducidos y un
contexto institucional más débil.
De nuevo, el riesgo más evidente aquí es
que se tome la decisión de establecer condiciones en pro de un relajamiento en las
disposiciones ambientales y laborales, o abordar procesos judicialmente complicados, por
demás prolongados y de resultados inciertos.
Agricultura
El mandato del grupo de negociación de
agricultura es eliminar los subsidios de exportación agropecuaria que afectan al comercio
en el hemisferio, sobre la base del acuerdo sobre agricultura (AOA) de la OMC. Se
trataría también de disciplinar otras prácticas agrícolas que distorsionan el
comercio, y garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se utilicen como una
barrera oculta al comercio, utilizando el acuerdo de la OMC como modelo.
Las implicaciones aquí apuntarían a las
restricciones que están relacionadas con el apoyo a los agricultores, la capacidad de
mantener reservas de alimentos, el establecimiento de medidas para seguridad alimentaria y
de suministro de alimentos.
Las disposiciones que se tienen en el TLCAN
no impondrían normas específicas. Los países estarían facultados para poner en
práctica las normas sanitarias y fitosanitarias (SPS) de la OMC. Mientras el TLCAN
promueve a las partes para que armonicen sus medidas sobre la base de normas
internacionales pertinentes, la OMC tiene como meta retirar el poder de decisión de los
gobiernos nacionales con respecto a salud, alimentación y seguridad, y otorgárselo a
entidades normalizadoras internacionales como Codex Alimentarius, un grupo élite de
científicos con sede en Ginebra, controlado mayormente por las grandes empresas
agroalimentarias7.
Una de las mayores dificultades que pueden
ofrecer las disposiciones en agricultura es acrecentar la dependencia de las grandes
industrias agroalimentarias y de Estados Unidos en materia de aprovisionamiento de
alimentos básicos. Por ejemplo, durante los primeros tres años del TLCAN, las
exportaciones de maíz desde Estados Unidos se incrementaron de 75 millones de dólares a
1,000 millones de dólares. De conformidad con la interpretación rápida de leyes
económicas esto puede entenderse como un apoyo con mayor cantidad del grano y precios
más baratos que ayudan a los consumidores, pero tal y como lo presenta Sara Anderson, hay
otras implicaciones importantes8.
El resultado ha sido que los campesinos han
abandonado sus tierras. Con anterioridad estos campesinos eran capaces de alimentar a sus
familias y de proporcionar bienes y servicios, aunque en cantidades familiares marginales,
si se contribuía al abastecimiento al mercado nacional9. Estas repercusiones
hacen aumentar los niveles de pobreza en México. Se estimaba que en 1994 la mitad de la
población subsistía en condiciones de pobreza. En 1999 esa cantidad habría alcanzado a
dos terceras partes de los mexicanos.
Este aumento de desposeídos y marginados
presiona por un aumento constante y significativo en los flujos migratorios especialmente
a Estados Unidos. Esto último hace que los costos de los controles migratorios en las
fronteras se aumenten. Tomando en cuenta que los volúmenes de exportación han aumentado,
el congreso estadounidense amenaza con disminuir los subsidios y apoyos a los agricultores
en ese país. Lo que deja a estos productores a merced de las volátiles condiciones
mercantiles y da mayor poder a las grandes transnacionales de aprovisionamiento de
alimentos. Estas corporaciones también presionarían para que se instalen y expandan los
compromisos de “libertad de mercado” que terminan siendo el condicionamiento de
mercados oligopólicos.
Compras del Sector Público
El mandato de este grupo se refiere a
ampliar el acceso a los mercados para las compras del sector público de los países del
ALCA. Esto se lograría mediante un marco normativo que asegure la apertura y la
transparencia en los procedimientos de las compras del sector público, que asegure la no
discriminación en las compras y un examen imparcial y justo para la resolución de los
reclamos y apelaciones.
Las disposiciones aquí, nuevamente, pueden
desembocar rápidamente en poner más restricciones a las instituciones públicas en la
promoción de la economía nacional. Las medidas a adoptar incluirían a aquellas que
favorecen a proveedores locales o nacionales. Mientras que las normas de la OMC no indican
explícitamente la ejecución de reglas de acceso a mercados o tratamiento nacional en la
compra de bienes y servicios, las normativas del ALCA si lo pueden estipular.
Esto último correspondería a abrir todos
los contratos, servicios, y bienes de gobierno a licitaciones en las que pueden participar
todas las empresas o países del ALCA. Al parecer existe evidencia de que este grupo ha
solicitado un inventario de los sistemas de clasificación internacionales al respecto,
así como estadísticas respecto a las compras que efectúan los gobiernos.
Sería de esperar que en aquellas áreas
que representaran una inversión o gasto de capitales más significativos, las empresas de
mayor capacidad puedan presentarse a licitación y obtener los contratos. No es algo
desdeñable desde el punto de vista económico y que se encuentra en consonancia con el
aprovechamiento de capacidad instalada, manejo técnico y economías de escala. El
problema nuevamente es si estas medidas repercuten o no en la ampliación de la demanda
agregada dentro de los mercados nacionales o si conllevan más egresos incluso al exterior
de los recursos nacionales o de empréstitos. Los que en muchos casos crean más
vulnerabilidad y sólo permiten márgenes de maniobra económica en términos
coyunturales.
Derechos de Propiedad Intelectual
El mandato del grupo de propiedad
intelectual es el de reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y
asegurar una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual. La
categoría de propiedad intelectual aquí designa esencialmente a las patentes, las cuales
otorgan un título de propiedad exclusivo. Generalmente se extiende este derecho exclusivo
por las empresas a otros países signatarios del acuerdo.
Este aspecto ha contado con mucha de la
consideración y trabajo de las naciones más desarrolladas. Es en ellas en donde de una
manera abrumadora se realiza la mayor parte de la investigación científica. Aunque en
esos países el peso de las actividades del estado es aún considerable, muchas de las
patentes y de la investigación se encuentra en poder de grandes empresas transnacionales
o multinacionales, quienes son las dueñas de las patentes. Varias de esas corporaciones
tienen un volumen de ventas muy superior al producto geográfico bruto de varias naciones
en ALC y el mundo10.
Relacionado con este aspecto se sabe que a
partir del 1 de enero del 2000, muchos países de ALC están sujetos a las reglas del
acuerdo sobre aspectos de derechos de propiedad intelectual con el comercio (TRIPS, por
sus siglas en inglés). Se trata de un acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. Se
considera que el TRIPS tiende a favorecer en protección y compensación a las empresas
privadas, y no necesariamente a los individuos más creativos de la sociedad,
especialmente en las condiciones de muchos países latinoamericanos en donde los estados
de derecho tienen instituciones no totalmente consolidadas y los regímenes legales
adolecen de deficiencias.
Uno de los aspectos importantes de los
TRIPS es que privatizan y pueden permitir la monopolización de productos derivados de la
biodiversidad. Bajo el amparo de estas provisiones, las corporaciones tienen derecho a
patentar productos, procesos y material orgánico en el campo de la biotecnología y
medicina. Esto abre toda la controversia de por ejemplo medicamentos en función de
enfermedades mortales para las que no existe cura11. En cuanto a la
biodiversidad, siempre ha sido tratada como propiedad de la comunidad. Los problemas que
se pueden crear serían múltiples si por ejemplo una transnacional de semillas (Monsanto,
para citar un caso) señala que una comunidad viola sus derechos por la utilización
secuencial de una semilla en cosechas sucesivas12.
La firma de los países de ALC respecto a
TRIPS ocurrió a pesar de los esfuerzos de varios grupos regionales que defienden la
soberanía y el derecho comunitario a su conocimiento tradicional y su diversidad
biológica. Debe tomarse en cuenta que América Latina tiene dos centros, de los ocho que
hay en el mundo, respecto a la diversidad biótica, uno entre Guatemala y México (tierras
altas centroamericanas) y el otro en la frontera entre Perú y Bolivia. TRIPS facilita de
manera más rigurosa los derechos y propiedad de empresas monopólicas u oligopólicas.
Inversión
Este grupo tiene el mandato de establecer
un marco legal justo y transparente para promover las inversiones mediante la creación de
un entorno estable y previsible que proteja al inversionista, sus inversiones y flujos
relacionados, sin crear obstáculos para las inversiones provenientes del exterior del
hemisferio.
El mandato de este grupo es particularmente
importante. Nótese que conllevaría un peligrosísimo riesgo: el de hacer que
prácticamente la estructura institucional estuviese al servicio de los capitales de
inversión. De manera que pareciera que el objetivo es promover el beneficio de los
inversores casi a cualquier costo. Si este es el espíritu y esto es lo que se lleva a la
práctica, se sacrificarían en función de ello otros intereses tales como el desarrollo
nacional, la sustentabilidad del manejo de los sistemas naturales, los derechos de
trabajadores, e incluso muchas de las políticas macroeconómicas si es que las mismas
constituyen “obstáculos” para las inversiones.
Según lo expresa el analista Barry
Appleton, “este es el espíritu del TLCAN”. De ser así se confirmarían muchas
de las críticas más drásticas contra el librecambismo comercial, el poder de las
transnacionales y la defensa de sus estrechos intereses inmediatistas. Se trataría de
poner en ejecución el controversial Capítulo 11 del TLCAN, el cual podría permitir que
intereses privados de empresas, corporaciones o de sectores productivos tengan prioridad
por encima de los gobiernos13.
Se considera que el grupo de negociación
sobre inversiones ha incluido otros aspectos que dan una mayor cobertura al mandato de
este grupo. Estas otras disposiciones estarían encaminadas a:
De incluirse los derechos de tratamiento
nacional en el ALCA, prácticamente la totalidad de servicios públicos de los gobiernos
podrían quedar abiertos a la competencia de servicios prestados por empresas extranjeras
con fines de lucro. Se limitaría además, el apoyo que los gobiernos pudieran dar a
empresas nacionales que puedan prestar los servicios.
No se trata aquí de invalidar lo que
aparece como la mayor capacidad de ejecución y flexibilidad de la empresa privada ni de
los mecanismos de mercado en cuanto a asignar recursos. Ni se trata tampoco de ignorar los
notables problemas de burocracia e incompetencia que muchas ocurren en entidades
públicas. Los problemas en última instancia, ocurren por la misma naturaleza de las
unidades de producción. Las empresas privadas están diseñadas para hacer máximas las
utilidades. Se produce para quien posea demanda efectiva en el mercado, quien tenga la
capacidad económica de tener acceso a los satisfactores. Si alguien no posee esa
capacidad, no tiene acceso a los mecanismos de mercado y no puede adquirir los bienes o
servicio.
A eso debe agregarse el concepto de que los
precios para que funcionen en el modelo de mercado deben corresponder a condiciones de
libre competencia (en esas condiciones los precios se igualarán a los costos marginales y
las empresas pueden dar cobertura a mayor demanda). Si las condiciones son de oligopolio o
monopolio, los precios se tenderán a elevar (el precio aquí tenderá a tener más
relación con los ingresos marginales, elevando su cuantía y limitando las demandas
efectivas). En muchos de los casos de los servicios públicos y en casos de bienes
públicos y no privados, se dan las condiciones para que ocurran monopolios naturales15.
Solución de Controversias.
El objetivo de este grupo es establecer un
mecanismo justo, trasparente y eficaz para la solución de controversias entre los países
del ALCA. Además se propone diseñar medios para facilitar y fomentar el uso del
arbitraje y otros medios alternativos de solución de diferencias para resolver
controversias privadas en el marco del ALCA.
El mandato del grupo incluiría además,
tomar en cuenta, entre otros, el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por
los que se rige la solución de controversias de la OMC. En ese caso los mecanismos, de
seguirse, se asemejarían más a los que prevalecen en la OMC que en el TLCAN, para la
resolución de controversias.
En el TLCAN, no se impone un conjunto
regulado de leyes y disposiciones sobre el comercio. Los paneles de solución de disputas
actúan con base en las leyes existentes en los países importadores. Si un país pierde
una disputa debe aceptar el fallo del panel de solución y pagar “indemnizaciones
adecuadas” a la contraparte, el otro gobierno. De lo contrario se expondría a que
fuera objeto de represalias en función de “beneficios equivalentes”.
En la OMC, los paneles lo que tratan de
identificar en un sentido particular es si las prácticas que emplean los estados
constituyen o no un obstáculo para el libre comercio. Se invalida la práctica que se
lleva a cabo, si ese es el caso. En el sentido de deliberación de la OMC, un país que
generalmente actúa en función de los intereses de empresas, puede cuestionar y llevar al
alegato de la discrepancia, las leyes y disposiciones de la otra nación.
En caso de pérdida un país tiene tres
alternativas: (a) pagar indemnizaciones al país ganador; (b) cambiar la legislación de
manera que corresponda con las disposiciones de la OMC; o bien (c) ser sujeto de las
sanciones comerciales que imponga el país ganador.
Uno de los riesgos claros aquí es el
dominio de los Estados Unidos en materia de disputas y de representación de grandes
corporaciones. Ese papel lo ha jugado contra Europa en cuanto al problema de las cuotas
bananeras y las prácticas de discriminación de importación de la fruta de los países
de América Latina. El caso aquí es que Europa y Estados Unidos mantienen una relación
de interdependencia y las represalias pueden ser recíprocas. Una situación distinta es
enfrentar a Estados Unidos con Francia o Alemania que hacerlo con Haití, o con alguna de
las numerosas economías reducidas en AMLYC.
Por otra parte las conclusiones de los
paneles de expertos, en el caso de que favorecieran a un país pequeño, no tienen la
garantía de cumplimiento. No existen mecanismos de cohercitividad en el sentido de hacer
imponer a un país poderoso, Estados Unidos o Canadá, una decisión. ¿Qué sanciones le
puede imponer un país como Haití, Nicaragua, El Salvador o Guatemala, a la economía
estadounidense? Las decisiones pueden quedarse en el limbo de lo escrito, careciendo
además, de un peso estrictamente legal16.
Además deberá tomarse en cuenta la
vulnerabilidad de los países en cuanto a los efectos que pueden tener las sanciones. Los
países de economías más grandes estarían más a resguardo17. Los países de
economías pequeñas y dependientes de la exportación de unos pocos productos pueden
llegar a tener consecuencias devastadoras de un fallo en su contra. Esto lleva también a
otro punto: lo más probable, y esa ha sido la evidencia empírica en la OMC, es que sean
las naciones más poderosas las que emprendan los alegatos18.
Subsidios, Antidumping y Derechos
Compensatorios.
El mandato de este grupo cubre dos aspectos
básicos:
1. Examinar maneras de profundizar, si
correspondiera, las disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias de la OMC, y lograr un mayor cumplimiento de las disposiciones de
dicho acuerdo de la OMC;
2. Llegar a un entendimiento común con
miras a mejorar, cuando sea posible, las reglas y procedimientos relativos a la operación
y aplicación de las legislaciones sobre dumping y subvenciones, a fin de no crear
obstáculos injustificados al comercio en el hemisferio.
Este punto claramente deja en ambigüedad
lo que se puede y no se puede desarrollar. Establece notables condicionantes, lo atajos
acostumbrados para interpretaciones notariales y de abogacía: si correspondiera, cuando
sea posible. Con ello, la voluntad política y la disposición de las partes juega un
papel medular en el avance o no avance en la formulación de los acuerdos. En todo caso
este punto afecta más a los países más poderosos que están en la capacidad de
establecer medidas dumping, o en subsidiar amplios programas productivos.
En términos económicos el subsidio y las
medidas dumping podrían verse como beneficios al consumidor. Se trata de que en última
instancia los consumidores de una sociedad, se benefician de los subsidios que los
habitantes de otros países dan a sus productores. O en otro caso, de los precios más
ventajosos que se pueden tener (aún bajo los costos de producción).
Los problemas se derivarían de dos
aspectos:
1. generalmente esos bajos precios no son
permanentes; una vez que los competidores han sucumbido a las prácticas del dumping, se
establecen condiciones de monopolio u oligopolio; precisamente las condiciones que
contravienen las normas de la libre competencia; y
2. lo que está en juego desde el punto de
vista de la economía política es la vulnerabilidad de los países. Entre una nación que
es proveedora de alimentos y la otra que vende frutas exóticas o flores, como
exportaciones, es claro que quien controla los alimentos tiene un instrumento no sólo
económico, sino también un medio que se puede utilizar como presión política.
El aspecto mediante el cual la OMC
establece límites y prerrogativas entre lo que puede ser sujeto de subsidio o no, ha sido
un tema que se ha considerado por muchos países en desarrollo como un favor a las
naciones más desarrolladas. Complementariamente el artículo XXI de la OMC eximiría de
cobertura en estos aspectos a las actividades militares. Esto puede desembocar en
subsidios masivos a una determinada empresa o línea de producción o distribución, en
nombre de la “seguridad nacional” de los estados. Esto de paso, protege a las
industrias bélicas de cuestionamientos en la OMC. Estas condiciones otorgan una notable
ventaja competitiva a las naciones con industrias armamentistas poderosas.
Comités Especiales
Comercio Electrónico
Es importante el tema si se toma en cuenta
lo que parece ser ahora el crecimiento exponencial del comercio electrónico. Se considera
que en el 2000 las ventas por internet en Estados Unidos habrían llegado a cerca de
30,000 millones de dólares, un aumento de 75 por ciento sobre las cifras del año
anterior. Para el 2005 el comercio electrónico podría cubrir una cuarta parte del total
de comercio19.
Este crecimiento del comercio electrónico
lo caracteriza por ser un sector emergente que promete gran dinamismo en su desarrollo. Se
considera que la comunidad mundial de abonados a Internet conoce un crecimiento
exponencial y representa actualmente el 26% de la población de Estados Unidos, pero menos
del 1% del conjunto de los países en desarrollo. Se considera que el número de
utilizadores de Internet, estimado en 142 millones en 1998, debería ser al menos de 420
millones en 2003.
La competencia especialmente intensa
ocurriría entre empresas estadounidenses, europeas y japonesas por controlar las redes.
Los países en desarrollo y sus empresas, salvo alguna excepción, están por completo al
margen de esta nueva fuente de riquezas. Esto se relaciona a una poca capacidad de
decisión e influencia de parte de las naciones en desarrollo, especialmente las más
pequeñas. Con el afán de atraer capitales, este tema sería considerado como marginal y
de muy poca influencia en las sociedades de los países del Gran Caribe20.
La perspectiva de desarrollo del mandato de
este grupo consistiría en evitar cualquier impuesto al comercio electrónico. Este tipo
de impuestos junto al que se propone para las transacciones financieras (impuesto Tobin)
han tenido cierto debate en algunos círculos de Estados Unidos y Europa. Muchos de los
grupos que se pronuncian por controlar más a nivel de estados los procesos de la
globalización se inclinan por este tipo de mandatos. Con ellos el poder de los gobiernos
como instancias promotoras del desarrollo y representativas de la sociedad tendría un
mayor papel.
El impuesto Tobin, denominado así en
referencia a James Tobin –Premio Nobel de Economía en 1981- consistiría en la
aplicación de un impuesto de 0.25 por ciento en los intercambios financieros mundiales.
Se pretende con ello dar cierta estabilidad al sistema financiero mundial, a la vez que
las naciones podrían tener espacio para la conducción de políticas fiscales y
monetarias.
Se estima que este impuesto, en esta tasa
propuesta se traduciría en una recolección de unos 250,000 millones de dólares por
año, lo que se podría destinar para impulso del desarrollo en las naciones más
necesitadas. La ayuda para el desarrollo, según cifras de la OCED se ha reducido en 15
por ciento en la última mitad de la década de los noventas21.
Economías más pequeñas
Este comité especial surgió a raíz de
reconocerse las asimetrías entre las economías de ALC. Lo que se propondría alcanzar es
un plan a fin de crear oportunidades para la participación total de las economías más
pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo.
La finalidad de establecer algunos
“gradientes” de acción es importante, pero se trata de una labor muy
complicada. En cierta forma, algo parecido ha tenido que hacer la Unión Europea al hablar
de la Europa de “dos velocidades”. Las naciones con economías más dinámicas y
desarrolladas establecieron un modelo de cooperación con los países de mercados internos
más reducidos. Esto último abarcó a Irlanda, España, Portugal, Grecia y hasta cierto
punto a la zona sur de Italia. La iniciativa europea ha permitido establecer condiciones
especialmente de infraestructura productiva que sean capaces de promover una competencia
en el mercado con las naciones más desarrolladas, tal el caso de Francia y Alemania.
Para establecer este plan para las
economías pequeñas se requiere de mucha voluntad política y cuidado en que las medidas
no vayan a distorsionar el dramático empuje pragmático que se sospecha tiene la
iniciativa completa del ALCA: abrir mercados de parte de las economías de AMLCY, liberar
flujos financieros y recortar acciones del estado. En ese sentido sería poco lo que se
podría hacer en economías cuyas poblaciones tienen bajo poder de compra. Otro aspecto
para la operativización sería la demarcación de lo que son pequeñas economías. ¿Se
considerarían allí las economías medianas pequeñas (Uruguay, Ecuador, Guatemala y
República Dominicana)?
Si el criterio es la carencia de poder de
compra, o el poco desarrollo de mecanismos de mercado, una característica que surgiría
es la consideración de quienes viven en condiciones de pobreza en los países. Esta
aproximación sería más rigurosa si lo que se desea es ampliar los mercados internos,
promover más la demanda efectiva de la población, disminuir el número de personas
viviendo en marginalidad, y favorecer un clima de más oportunidades para la gente. Con
esas ideas como finalidades si se generarían condicionantes que pueden sustentar con
mayor consistencia los mecanismos de mercado, dentro y entre los países22.
Sociedad Civil
El propósito de ese comité especial
sería el de tomar en cuenta la participación de la sociedad civil. Ha sido evidente en
muchos casos -especialmente en los países más desarrollados, en donde la sociedad civil
tiene mayores posibilidades de organizarse debido a que no existen los niveles de
represión que han tenido lugar en algunos países de AMLYC- que existe una notable
presencia contra los acuerdos de liberación de comercio y desmantelamiento de la
capacidad de los estados.
En ALC en donde los partidos políticos no
son exactamente instancias de intermediación social, en el sentido de representar con
permanente autenticidad intereses de muchos sectores sociales, surgen asociaciones de
diverso índole. Aquellas que tienen sus intereses más en los aspectos comerciales,
industriales, financieros y en general de los círculos empresariales es muy probable que
tengan representación en las decisiones del ALCA. Se trata por lo general de grupos
influyentes a nivel de los formuladores de la política pública y con presencia en los
parlamentos.
No obstante, los grupos de trabajadores,
pobladores y consumidores no tienen una presencia importante, en general, en los círculos
de toma de decisión. Estos sectores son importantes dentro de la sociedad civil. Tal y
como se encuentran en las condiciones actuales no han podido tener mucha protección a sus
intereses23. No tomar en cuenta a los sectores de representación más amplia
de la sociedad civil es hacer que los acuerdos puedan tener la legalidad estricta, pero no
el apoyo ni la legitimidad concreta que les puede dar el respaldo de grupos amplios de la
población.
Previsibles Repercusiones Económicas,
Sociales e Institucionales
Una de las más importantes
repercusiones del ALCA sería el contar con la efectiva apertura de mercados de Estados
Unidos y con un mayor acceso a capitales productivos que aumentaran la formación de
capital fijo. Esto sí podría favorecer la creación de condiciones para que el
incremento de producción, el crecimiento económico no se tradujera en un mayor número
de personas viviendo en condiciones marginales.
Un sentido crítico del ALCA, que no deja
de tener bases de proyección al observar muchos de los efectos del TLCAN en México,
apuntaría a resaltar que uno de los efectos sociales sería la expansión de empleo
manteniendo la pobreza. Se refiere aquí a la previsible expansión de zonas francas de
producción mayormente conformadas por un parque industrial de maquiladoras. Estas
industrias de ensamblaje reportan poco efecto en la ampliación del mercado interno.
Sin embargo es de reconocer que hasta ahora
la elites políticas y económica no han podido establecer un programa constante de
desarrollo. Los defensores de este impacto del ALCA argumentarían que es cierto la
expansión de este empleo barato, pero que al final es algo mejor que las actuales
condiciones de miseria y violencia endémica que se vive especialmente en las zonas más
pobres de los países Centro Americanos y del Caribe24.
Se reconoce que la búsqueda de los
capitales productivos debe reconocer el impacto que tiene el gran dinamismo del sector
financiero internacional. El volumen de la economía financiera es 50 veces superior al de
la economía real y sus principales actores -los fondos de pensión estadounidenses,
británicos y japoneses- dominan los mercados financieros. Ante ellos, el peso de naciones
como las pequeñas economías del Gran Caribe, resulta muy poco significativo.
Acrecentar los “costos sociales”
de las privatización repercutiría en una menor capacidad de los estados y el entorno
institucional en la sub-región. Cada vez más países que han vendido sus empresas
públicas al sector privado internacional se han convertido de hecho en propiedad de los
grupos multinacionales, que actualmente dominan sectores enteros de la economía del sur.
En ocasiones pueden servirse de los estados locales para ejercer presión sobre los foros
internacionales y obtener las decisiones políticas más favorables a su papel
preponderante en lo global.
Todo esto se reconocería aún cuando
también conviene señalar que casi siempre, con la excepción de México, la capacidad de
los estados ha sido muy reducida en las naciones del Gran Caribe. De allí que no haya
demasiado espacio para privatizaciones.
Los efectos económicos, sociales e
institucionales del ALCA estarán relacionados con la correspondencia entre estabilidad
macro y el potencial de mejora de niveles de vida en indicadores concretos. Es
imprescindible tener presente que las estabilidades macroeconómicas de las naciones deben
traducirse en beneficios para los grupos más vulnerables y no sólo en escenarios para
acción de capitales.
Las políticas de ajuste estructural
impuestas a los países en desarrollo desde los años 80 han dado resultados
satisfactorios a escala macroeconómica, pero han significado un costo social exorbitante
y contraproductivo. Los gobiernos han "saneado" las economías favoreciendo con
mucho las inversiones internacionales al tiempo que se ha desgarrado la cohesión del
sistema de integración social.
La capacidad institucional de los estados
está relacionada con la mayor vulnerabilidad económica externa. Esto ha sido la
evidencia con la aceleración de la globalización y las crisis financieras de los años
1997 y 1998. Estas condiciones provocaron una reducción aún mayor de los gastos
públicos en salud y educación en nombre de la lucha contra el déficit fiscal y un
aumento de las desigualdades y de la pobreza.
Es cierto que en los países en desarrollo
éstas no son producto exclusivo de las políticas de ajuste, pero la evidencia es que
hasta ahora esas políticas han contribuido a acrecentar un menor número de
oportunidades. En este sentido también hay que tomar en cuenta los círculos viciosos de
la pobreza -escasos recursos productivos, baja productividad, baja producción, escasa
capacidad de satisfacción de necesidades básica y exiguos niveles de ahorro interno de
recursos. Además también imperan condiciones reñidas con el mantenimiento pleno del
estado de derecho.
En los impactos sociales e institucionales
es importante reconocer la baja capacidad de las entidades públicas. De allí surgen
varios factores que repercuten en climas de ingobernabilidad. Los resultados se relacionan
con condiciones caóticas, al margen del estado de derecho, en una condición de barbarie
en donde sectores de mafia imponen su ley. Aparecen nuevos peligros: crimen organizado,
delincuencia explosiva, inseguridad generalizada, fanatismos étnicos o religiosos,
corrupción masiva25.
NOTAS
1.
Documentos básicos que han servido para las ideas, reflexión, datos e interpretación de
estos dos capítulos del documento -implicaciones del ALCA y elementos para posibles
políticas- han sido: Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (2001). Documentos
Oficiales en Internet. Objetivos, mandatos, calendario de reuniones, comunicados de
prensa, documentos y bases de datos (www.ftaa-alca.org); Barlow, M. (2001) The Free
Trade Area of the Americas (www.canadians.org); y Alliance Sociale Continental (2001) Alternativas
para las Américas (www.asc-has.org); Public Citizen´s Global Watch; Southern
University of Dallas (2000) The State of the FTAA Negotiations at the Turn of the
Millenium. (Dallas, Texas: SUD); Stephenson, Sherri (2000) Trade and the Western
Hemisphere; y Trade in the Western Hemisphere: Liberalization, Integration and
Reform (Washington: Brookings Institute); Earth Island Journal (2001) NAFTA for the
Americas (San Francisco: EIJ, Summer 2001, Vol.16, issue 2)pp. 24; Economist, The
(2001) The Americas: A Cautios yes to Pan-American Trade. (London: The Economist,
Vol 359, Issue 8 219, Ap. 28, 2001)pp. 35-36; Nation, The (2001) No FTAA, No Fast Track
(New York: The Nation, Vol. 272, Issue 19, May 14, 2001) pp. 4; y Anderson, S. y Cavanagh,
J. (2000) Field Guide to the Global Economy (New York: The New Press)pp.
especialmente 12-24, 30-36, 39-63.
2. Esto demuestra lo concreto y
específico, es decir pragmático del enfoque. No se tiene evidencia de que se desee
avanzar con mayor intensidad en los procesos de integración económica. De hacerlo se
establecerían libertades no condicionadas al comercio, a la movilización de recursos de
capital y muy especialmente al movimiento de trabajadores. Este último tema es obvio que
Washington no desearía considerarlo. Las etapas más completas en la secuencia de la
integración se presentan como parte del apéndice de este documento. Véase Nation, The
(2001) No FTAA, No Fast Track (New York: The Nation, Vol. 272, Issue 19, May 14,
2001); y Anderson, S. y Cavanagh, J. (2000) Field Guide to the Global Economy (New
York: The New Press).
3. El desarrollo de la ciencia y
tecnología, y del conocimiento en general que responda a las condiciones de los países
de ALC es algo indispensable. El ALCA no debe oponerse a ello sino ser un elemento para
tal fin. Tipos de suelo, de condiciones climáticas y de enfermedades, para sólo
mencionar unos casos ilustrativos, son diferentes entre los países más desarrollados y
las naciones menos avanzadas. La lógica del mercado científico y tecnológico es
producir para quien tiene capacidad de compra. De esa manera se adelantan investigaciones
científicas para los países en desarrollo que no coinciden siempre con las de los
países pobres. La malaria por ejemplo es una enfermedad que mata más de un millón de
seres humanos al año y que está presente y se mantiene en los países más pobres, entre
otras causas por el clima, pero no se hace mayor investigación en ello. Los gases
contaminantes del planeta y la tendencia al sobrecalentamiento está afectando más a los
países pobres del trópico (ejemplos con fenómenos como El Niño y el huracán Mitch).
Una discusión mayor en Sachs, J. (1999) Helping the World´s Poorest (Mass.:
Harvard University) (www.cid.harvard.edu). El enfoque de Jeffrey Sachs, Director del
Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, es interesante al
subrayar modalidades de cooperación sur-sur y norte-sur en las actividades de
cooperación para el desarrollo.
4. Estas condiciones ayudarían
significativamente a establecer un clima de fortalecimiento a las instituciones y por ello
una mayor estabilidad política en la región. Las condiciones de mercado y de mejora
institucional en relación al mercado interno son reconocidas como elementos claves del
desarrollo. Un tratamiento de estos aspectos en relación a las economías marginales o
subterráneas se encuentra en: De Soto, H. , (2000) The Mystery of Capital: Why
Capitalism Succeeds in the West and Fails Everywhere Else. (New York: Basic Books).
5. No se trata por otra parte de que en
nombre de la integración regional y del desarrollo de los mercados domésticos, los
aranceles externos se mantengan por tiempo indefinido. Si algo puede ser criticable en el
enfoque y práctica del primer tipo de regionalismo en AMLYC, en los años sesentas, fue
el mantenimiento de los aranceles externos en nombre de proteger las industrias locales.
Aún existen problemas de esta naturaleza especialmente en Guatemala y El Salvador.
Sectores de empresarios locales que no aprovecharon los aranceles para actualizar sus
procesos de producción y ser más competitivos, protestan y presionan a los gobiernos con
tal de continuar con precios altos para productos de baja calidad. Los sacrificios son
para los consumidores. El último caso fue lo que se presume fue la renuncia forzada del
penúltimo Ministro de Economía de Guatemala, Federico Polá el pasado abril. Estuvo en
su cargo 46 días y dejó el cargo al negarse a continuar con prácticas de aranceles para
ciertos sectores. Véase ediciones de Prensa Libre desde el 8 al 16 de abril de 2001
(www.prensalibre.com)
6. El asunto de las represalias tiene una
implicación fuertemente política y de interés unilateral de la nación que la impone.
En el pasado han sido evidentes los actos de “castigo” a gobiernos no gratos,
por ejemplo el caso del gobierno sandinista. Véase: Cardoso, E. and Helwege, A. (1992) Latin
America’s economy. (Cambridge, USA.: The Massachusetts Institute of Techonology
Press); Coatsworth, J. (1994) Central America and the United States. (New York:
Twayne Publishers).
7. Véase Barlow, M. (2001) The Free
Trade Area of the Americas (www.canadians.org).
8. Anderson, S. y Cavanagh, J. (2000) Field
Guide to the Global Economy (New York: The New Press)pp. 89.
9. Los aportes económicos de estos
campesinos, al estar arraigados con un nivel mínimo de subsistencia en sus tierras,
proporcionaba las bases para la conformación y existencia de un modelo funcional de
economía campesina. Para ampliaciones conceptuales sobre el tema: Chajanov, M. (1986) Economía
Campesina (México, México D.F.: Siglo XXI editores).
10. En América Latina y el Caribe, por
ejemplo solamente las economías de Argentina, Brasil y México, no tienen una producción
anual que sea superada por ninguna transnacional. De allí, en recuento de descenso
respecto a los montos de las producciones anuales de los países, todos ellos son
superados en ALC por las siguientes empresas multinacionales (su volumen total de ventas
en miles de millones de dólares, en paréntesis): Mitsubishi Trading Co. (184), Mitsui
Co. (181), General Motors (168), Sumimoto (167), Ford Motors (137), Toyota (111), Royal
Dutch/Shell (109), Exxon (107). Las producciones totales anuales de las principales
economías latinoamericanas, según datos preliminares para el 2000 se ubicarían en
–en paréntesis producción total anual en miles de millones de dólares: Brasil
(760), México (480), Argentina (280), Venezuela (104), Colombia (90), Chile (70), Perú
(60), Uruguay (20), Ecuador (19), Guatemala (18), República Dominicana (17). Véase
Longworth, R. (1999) Global Squeeze (New York: Nic Publishing Group), pp.32.
11. En mayo de 2001 los gobiernos de
Sudáfrica y de Brasil han enfrentado a las transnacionales con las patentes respecto a
medicinas de “amortiguamiento” o “retraso” de los efectos del virus
HIV en producir el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). Los medicamentos
genéricos ofrecen la posibilidad de ser más económicos y por tanto estar más al
alcance de los grupos sociales. Las transnacionales se han resistido notablemente a ceder
sus derechos de propiedad intelectual; Ver Washington Post (2001), y CNN en
ediciones especialmente del viernes 22 y sábado 23 de junio de 2001; y The Economist;
Global Agenda del 28 de junio de 2001; Counting the Cost of Aids; y The
Economist; Tripping up on Cheaper Drugs, June 22, 2001; The Economist, Gambling
with Lives, June 2, 2001.
12. Esto se encuentra relacionado con el
controversial tema de los organismos geneticamente modificados. Los mismos han sido
afectados en varios casos mediante procesos de ingeniería y cirugía genética. Uno de
los problemas es que el uso extensivo de los mismos materiales los puede hacer suceptibles
a un ataque devastador de microorganismos patógenos en las cosechas. Además, y en
particular las semillas híbridas (maíz –Zea mais- por ejemplo) requieren la
compra continua de nuevo material genético para las futuras cosechas. European Report,
No. 2594, Biotechnology: Industry And Consumers Face Gmo Labelling Problems. May
19, 2001; Agencia de Noticias France Presse, May 3, 2001, Thursday, GMOs can be good
and bad: FAO chief, ROME, May 3, 2001; The Institute of Science in Society,
(http://www.i-sis.org). Sustainability New Postings to this Site Open Letter from World
Scientists to All Governments, June 19, 2001.
13. El Capítulo 11 del TLCAN permite a una
empresa llegar incluso a enjuiciar a un gobierno por pérdida de utilidades actuales y
futuras que sean producto de acciones gubernamentales, colocando en situación de
marginalidad las motivaciones que las acciones públicas hayan tenido. Un caso concreto
que se menciona al respecto sería el de la empresa Ethyl Corp. de Estados Unidos para
obligar al gobierno canadiense a dejar sin efecto disposiciones que prohiben la venta del
producto MMT, un aditivo para la gasolina que no se ha permitido comercializar en muchos
países y del cual el Primer Ministro canadiense Jean Chrétien llegó a denominar
“neurotoxina peligrosa”. La empresa S.D. Myers hizo que el gobierno de Canadá
le pagara 50 millones de dólares por “perjuicios” a sus utilidades. S.D. Myers
se dedica al movimiento de desechos peligrosos. Véase: Barlow, M. (2001) The Free
Trade Area of the Americas (www.canadians.org).
14. Un caso ilustrativo al respecto. Ni
aún el gobierno de Estados Unidos ha podido llevar a cabo el veredicto inicial en cuanto
a la fragmentación de la empresa Microsoft quien a principios del 2000 fue encontrada
como entidad violadora de la ley contra monopolios. Además tómese en cuenta la tendencia
a las unificaciones y alianzas estratégicas entre grandes empresas (“mergers”),
que han ocurrido incluso dentro de diferentes sectores: parques de diversión y cadena de
televisión, cadenas de fábricas e innovación con empresas publicitarias, asi como
entidades automotrices y financieras. El jueves 28 de junio se da la noticia de que el
veredicto contra Microsoft ha sido rechazado por una corte de apelaciones. Véase The
New York Times, del viernes 29 de junio, 2001; y The Washington Post, viernes
29 de junio, 2001.
15.Comprender estos conceptos así como las
condiciones de mercado competitivo ayuda a definir con propiedad el papel de empresas
privadas, de prestaciones de servicios mediante subcontrataciones, el papel de los estados
y los limites de las regulaciones y desregulaciones. Las condiciones de libre
competitividad estarán caracterizadas por (a) muchos oferentes; (b) muchos demandantes
efectivos; (c) no variación significativa de los gustos de los demandantes; (d) no
variación de los bienes o servicios substitutivos, sucedáneos o similares y
complementarios; y (e) que no varíen los ingresos reales de los consumidores. Held, D.
(ed.) (2000) The Global Transformation Reader: An Introduction to the
Globalization Debate (Polity Press); Winthrop, R. (2000) Globalization and
the Theory of Input Trade. (Mass.: MIT Press).
16. Aún teniendo un peso legal, las
condiciones no se prestan para ninguna garantía. Un caso legal internacional fue por
ejemplo el “veredicto” del Tribunal de La Haya que sancionaba a Estados Unidos
por el minado de los puertos durante la administración sandinista de Nicaragua en los
ochentas. Las demandas no se cumplieron; Torres-Rivas, E. Centroamérica: las
democracias posibles (San Jose, Costa Rica: FLACSO, 1990); Torres-Rivas, E. Interpretación
del desarrollo social centroamericano (San Jose, Costa Rica: EDUCA, 1993).
17. Un caso en este sentido y aún no
siendo de Estados Unidos o Canadá proporciona ilustración. Brasil es el primer productor
de café del mundo con casi un 30 por ciento del grano que se comercializa globalmente.
Sin embargo, para la economía brasileña, el ingreso por café, en concepto de divisas,
es cerca de un 8 por ciento. Es decir que una decisión marginal para el gobierno de
Brasilia, puede tener consecuencias de significativo impacto para naciones que dependen en
alto grado de la exportación del grano; recientes actualizaciones sobre el comercio del
grano en: Chemical Business Newbase, DuPont Concentrates in Agro Operations to Cut
Costs, May 24, 2001; y Dallas Morning News, May 30, 2001, Louise Owens, Coffees
Offer sip of Latin America.
18. Aún una economía grande como la de
México, ya integrada en el TLCAN, representa un poco menos del 5 (1/22), por ciento del
total de producción anual de Estados Unidos. La producción total mexicana se calcula que
es equivalente a la producción de la ciudad de Los Angeles y alrededores, o a la que se
obtiene anualmente del estado de Florida. Más información en Winthrop, R. (2000) Globalization
and the Theory of Input Trade. (Mass.: MIT Press); Baker, D., et. al. (eds.) (1998) Globalization
and Progressive Economic Policy (Cambridge, Mass.: The University of
Massachusetts-Amherst and The Political Economy Research Institute).
19. Datos presentados por Maude Barlow,
cuyo documento ha sido muy importante en la elaboración de este capítulo. Véase Barlow
M. (2001) The Free Trade Area of the Americas (www.canadians.org). Varias de las
citas de los mandatos de los grupos y caracterizaciones han sido tomadas de esta
documentación.
20. La condición de las comunicaciones
tiende a mostrar un mundo más integrado y da base para el concepto de la “aldea
global”. Una situación similar sucede con los aspectos culturales. Sin embargo en
términos de las finanzas, el comercio y el contar con expansiones de los mercados, la
globalización implica una mayor integración entre las naciones desarrolladas y una mayor
segregación o marginalidad para las naciones del Tercer Mundo, en particular para los
sectores de estos países que no logran integrarse en las renovadas esferas de la
economía. Para una ampliación del tema véase: Ramonet, I. (2000) Efectos de la
Globalización en los Países en Desarrollo, en Le Monde Diplomatique, Octubre de 2000,
edición chilena (Santiago de Chile: ACELS-Le Monde Diplomatique); United Nations
Organization (1999) Human Development Report 1999 (New York: UNO); Baker, D., et.
al. (eds.) (1998) Globalization and Progressive Economic Policy (Cambridge, Mass.:
The University of Massachusetts-Amherst and The Political Economy Research Institute).
21. Se calcula que 2 millones de millones
de dólares (cerca de toda la producción anual de ALC en un año) se intercambia en los
flujos financieros cada día. Solamente un 5 por ciento de ese total sería útil para
compra-venta de bienes y servicios. El resto es movimiento especulativo. Véase: Campaña
por el Impuesto Tobin (www.taxbin.org.uk).
22. Se podría señalar aqui la tesis del
efecto derrame, en el sentido de que el crecimiento de los mercados internos sería
producto de los mayores niveles de empleo. Ese argumento planteado con mucho entusiasmo
por los defensores de los mecanismos de la economía “por el lado de la oferta”,
no ha sido fructífero en Estados Unidos. Allí se ha observado un patrón de acumulación
de riqueza y de menores repercusiones en el efecto derrame. Utilizando datos de la Oficina
de Presupuesto del Congreso Federal, Paul Krugman determinó que el 60 por ciento de
crecimiento en los ingresos, luego de pagar impuestos, entre 1977 y 1989 se concentró en
el 1 por ciento más rico de la población estadounidense –aquellas familias que
tienen ingresos anuales de por lo menos 310,000 dólares por familia de cuatro miembros.
Otro 34 por ciento del crecimiento fue para familias del 20 por ciento más rico. Las
cifras y los métodos de Krugman fueron cuestionados, pero ha existido consenso en
reconocer que al final de los ochentas, el 1 por ciento de los estadounidenses con más
ricos -unos 2.8 millones de personas- se quedaban con un ingreso similar al que tomaban
los 100 millones de menos recursos en la población de Estados Unidos. Véase Singer, P.
(1995) How are We to Live? (New York: Prometheus Books) p. 82, y en especial el
capítulo 4 del libro; además The New York Times, 5 de marzo de 1992; y Bartlett
D., y Berkowitz, L. (1992) America: What Went Wrong? (Kansas, Missouri: Andrews
& McMeel).
23. Una evidencia al respecto consiste en
reconocerse la carencia de leyes de protección al consumidor en los países de AMLYC.
Esto debilita la conformación de un estado de derecho y resta muchas veces credibilidad a
las instituciones sociales. Otro tanto puede decirse de la capacidad de los estados en
cuanto a brindar un marco institucional para los mecanismos de mercado, especialmente en
la cobertura social. Es decir, en servicios tales como educación, nutrición, empleo e
infraestructura productiva generalizada. La poca capacidad que tenían los gobiernos
quedó disminuida a raíz de la aplicación de los planes de ajuste estructural desde
inicios de los ochentas. Los países que en la región han tenido una mejor cobertura
social de manera más prolongada han sido Uruguay y Costa Rica. Véase: Cardoso, E. and
Helwege, A. Latin America’s economy. (Cambridge, USA.: The Massachusetts
Institute of Techonology Press, 1992); Comisión hEconómica para América Latina y el
Caribe -CEPAL-. Políticas para mejorar la inserción en la economía mundial.
(Santiago de Chile, Chile: CEPAL, 1996), y Comisión Económica para América Latina y el
Caribe -CEPAL-. Condiciones sociales en América Latina 1995. (Santiago de Chile,
Chile: CEPAL, 1996).
24. Una actualización de argumentos ha
surgido con motivo de la inauguración en junio de 2001 del Plan Puebla-Panamá. Véase:
País, El. (2001) México Crea el Espacio Centro Americano, en El País, edición
del sábado 23 de junio de 2001. (Madrid, España: El País).
25. Véase Ramonet, I. (2000) Efectos de la
Globalización en los Países en Desarrollo, en Le Monde Diplomatique, Octubre de
2000, edición chilena (Santiago de Chile: ACELS-Le Monde Diplomatique).
