La solidaridad en el ámbito de la seguridad social del futuro: un tema para la reflexión

Antonio Romero Milano. Profesor UCLA.

INTRODUCCIÓN

El tema de la seguridad social vuelve a ocupar el centro del debate público nacional. Del último intento tripartito del año 1997 hasta el presente, los avances y retrocesos sobre la materia resultan notables. Les ha tocado a las nuevas autoridades el diseño de un nuevo proyecto de ley, el cual tiene ciertas similitudes con el aprobado por la administración del Dr. Rafael Caldera, pero que intenta mantener estructuras que, técnica y financieramente, se consideraban agotadas. Hoy los voceros de la reforma de la seguridad social son otros actores políticos. Y también como sucedió en el pasado, lo que ha debido ser un debate técnico-político, el mismo ha devenido en un torneo retórico e ideoligizante.

En este trabajo se presenta en primer término, el caso de la seguridad social como un producto histórico del conocido "Welfare State" o "Estado de Bienestar". Se hace una breve referencia al rol que éste jugó, luego de la postguerra, dando lugar a un sistema que, tanto en Occidente como en América Latina, logró ofrecer al ciudadano unos beneficios económicos y sociales importantes. Seguidamente, y como eje central para la actual reflexión, se incluye la revisión de uno de los principios más importantes de la seguridad social, como lo es el que refiere a la solidaridad. Interesa este principio, no sólo por su alcance jurídico, sino fundamentalmente por su peso cultural en la conformación de las voluntades colectivas. Como tercer aspecto se hace referencia a la actual coyuntura política del país. Contempla este punto el tema de la reforma a la seguridad social planteada y el debate que se ha suscitado en tomo a la adopción de un nuevo sistema de pensiones.

En un cuarto punto se procede a una reflexión acerca del alcance del principio de la solidaridad y, la forma cómo las capas medias profesionales, están interiorizando dicho principio. La reflexión en tomo a unas visiones individualistas de ciertos sectores que podrán estar chocando con un proyecto de reforma que pretende ser colectivo. El fenómeno migratorio de los grupos sociales más jóvenes es un serio obstáculos para cualquier reforma de la seguridad social que se adelante.

Finalmente se hace una descripción del fenómeno del sector informal urbano y el papel de los sindicatos nacionales, en cuanto al proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo Nacional sobre la seguridad social.

La Seguridad Social y El Estado

“Prepararse para el retiro” es un programa que llevan a cabo algunas filiales petroleras desde hace algún tiempo en el país. Constituye ésta una idea loable, si se recuerda que sobre esta materia, no abundan las iniciativas tendentes a la educación del trabajador para otro ciclo de la vida, una vez que se llega a cierta edad. Asegurar el futuro, instalarse en él, con pocas preocupaciones y sin privaciones materiales, parecieran justificar este tipo de programas corporativos. Pero este es el caso de un segmento de los trabajadores que ha disfrutado de determinados beneficios, a lo largo de unas cuantas décadas. Lo ideal sería que similar situación fuese extensible al grueso de los trabajadores que también dieron su aporte, para el funcionamiento de las empresas y las instituciones existentes en el país. Sin embargo, aunque no sea esta la norma general, sano es reconocer que, en poca o menor medida, muchos asalariados han podido acceder a lo que la seguridad social por ley les ha consagrado. La interrogante obligada sobre el particular sería la siguiente: ¿ Hasta cuándo funcionará este pacto?

Lo brevemente antes descrito sitúa el debate acerca del futuro de la seguridad social; proceso que tiene un conjunto de referenciales, en diversos escenarios geográficos a partir de la década de los años 70. La primera observación que resalta es la de un Estado que ya mostraba signos de agotamiento en cuanto a sus funciones sociales; sobre todo las relativas a garantizarle a los trabajadores, la invalidez total o parcial, la viudez, la ancianidad o el desempleo forzoso. Esta figura jurídico-política conocida después de la segunda guerra mundial como la del "Welfare State" o "Estado del Bienestar" comienza a resentirse, en el marco de grandes alteraciones económicas y tecnológicas que el planeta experimenta con la crisis energética de los setenta. A este reacomodo de la estructura productiva, como parte de un largo ciclo histórico del capitalismo, se dio inicio a severas reformas laborales, que apuntaron, entre otras varias, al desmontaje de lo que hablan sido durante 30 años, tanto en Occidente como en la región latinoamericana, los ya conocidos sistemas de seguridad social. Esto es:

Las formas sociales, los mecanismos y las instituciones que hasta entonces permitían atenuar las contradicciones y los desequilibrios se convierten ahora en un obstáculo para el crecimiento y la acumulación. Empieza el final de una etapa en la que el sistema, en su centro, se encuentra inmerso en la llamada "edad de oro" o "los treinta gloriosos" (1945-1975), tres décadas del capitalismo que se desenvuelven bajo el predominio de un modelo de desarrollo que, en su apogeo, infunde confianza y optimismo desde el reinado del "Estado de Bienestar" (Jerez, 1997: 48).

Pero este viraje en el rol del Estado no se expresa ni se fundamenta de manera aislada. Los sectores emergentes, en especial el financiero, le dan un retoque académico a sus pronósticos. El discurso que enarbolan no es otro que el del mercado. la "mano invisible" del mercado le dará un nuevo impulso al desarrollo, pero bajo la premisa de que el Estado debe proceder a una poda creciente en su radio de acción cotidiana. En consecuencia, lo que está planteado, desde este renacer del liberalismo económico absoluto, conocido publicitariamente como el neoliberalismo, es la modificación del conjunto de leyes laborales con el objetivo de recortar los seguros del desempleo y las pensiones. Instituciones como el contrato de trabajo a tiempo indeterminado, el salario mínimo, las vacaciones pasadas y todo lo que configura el marco de la seguridad social, instancias que testimonian las conquistas históricas de los sindicatos, se convierten en el centro de las críticas de esta nueva época. A estas instituciones se les responsabiliza del estancamiento de las economías, supuestamente por lo elevado se sus costos financieros. Organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), le piden a los gobiernos que profundicen sus reformas laborales para facilitar el despido libre; mientras que el Banco Mundial (BM), advierte que en todo el mundo los sistemas que se emplean para dar seguridad económica a los ancianos se encuentran en una situación cada vez más difícil (Aguirre, 1995: 147).

Planteadas estas nuevas exigencias, la lógica del capital se vuelca hacia un tipo de hegemonía que supone un cambio en los propósitos que tuvieron en su génesis los modelos de seguridad social: "El cuidado físico e intelectual de la fuerza de trabajo asalariada y su familia" (Támez G., 2000:471). Esta redimensión del rol histórico cumplido por el Estado, con sus aciertos y omisiones, tanto en Europa, los Estados Unidos o en América Latina, y de manera particular en Venezuela, condujo a una suerte de incertidumbre en los sectores laborales que no ha sido disipada del todo en el presente. Y más sensible se torna la situación cuando se observa un deterioro creciente de la calidad de vida del ciudadano en distintos ordenes. El repliegue del Estado antes las demandas en salud, educación, trabajo, seguridad, transporte, alimentos y recreación, por citar tan sólo algunos ítemes que configuran las necesidades básicas de cualquier ciudadano, hacen presumir la existencia de un futuro poco alentador. El temor a desprenderse, de lo mucho o poco, que se tuvo en materia de seguridad social, no debe interpretarse como un signo apocalíptico. Al contrario, entender la dimensión de este temor que se ha generalizado en vastos sectores sociales frente a los años que se aproximan, debe ser una muestra de realismo que permita enfrentar, con decisión, los retos del futuro. Y dado que se presenta la reforma del sistema de seguridad social, a luz de los tiempos actuales, como un hecho inexorable, resulta pertinente preguntarse, si el modelo a adoptar conservará los principios fundamentales que lo sustentaron durante toda su existencia. De estos, conviene precisar el alcance que podría tener en la nueva versión oficial, el que se refiere al de la solidaridad.

La Solidaridad como Principio

La solidaridad como producto histórico compensatorio que el Estado europeo crea para sus habitantes una vez culminada la segunda guerra mundial, se nutrió en buena medida de un principio basado en la justicia. Este consistía en reconocer el esfuerzo que los individuos, habían dado con sus vidas durante la confrontación bélica. Pero una vez superado este penoso momento, se iniciaba el difícil proceso de la reconstrucción económica, y aquí, se hacía presente el caso de los trabajadores y ciudadanos que socialmente se encontraban desasistidos de los más elementales servicios. La creación de un sistema de amparo económico y social, exigía que tanto la sociedad como cada uno de sus miembros, hicieran su aporte respectivo. De esta premisa se nutrió el principio de la solidaridad, en el intento de atenuar cualquier privación o penuria que cualquier ciudadano pudiese afrontar; en especial los que menos recursos disponían. Sobre la naturaleza del principio de la solidaridad se estructuraron el resto de las bases que dieron lugar a los sistemas de seguridad social que se han conocido.

La subsidiaridad, la universalidad, la integridad, la igualdad y la unidad, resultaron ser los componentes fundamentales de la seguridad social que se diseñaron, en función de la solidaridad, en tanto eje central de una política global de la sociedad democrática (ídem, 472). Obviamente que no fue exclusividad de la dirigencia europea de la posguerra la creación de este principio. Ya los artesanos de la edad media habían ensayado con este principio cuando crearon especies de cajas de ahorros para asistir a quienes experimentaban situaciones de apremio (Sabino, 1991:20).

Pero fueron lo primeros mencionados a quienes correspondió darle forma jurídica y contenido, como producto consensuado entre Estados, empresarios y trabajadores, de un instrumentado que garantizaba la protección social, sustentado en la solidaridad. De allí hasta el presente, la solidaridad ha sido el núcleo de todos los sistemas de seguridad social que se han establecido en distintas épocas. Que estos no hayan tenido la consistencia y cobertura deseada, es otro tema. Pero lo que si resulta indiscutible, es que la sociedad occidental, y de manera muy particular Venezuela, logró conservar este principio como elemento orientador de sus políticas sociales. Queda por indagar, en la actual coyuntura económica y política por la que atraviesa la sociedad venezolana, el rango que un principio como el de la solidaridad pueda exhibir, en el marco de los proyectos que se adelantan para reformar nuestro actual sistema de seguridad social.

En el marco de una delicada situación económica, financiera y social, y con otro liderazgo político al frente del Ejecutivo Nacional, se le está ofertando al país un proyecto de reforma de su actual sistema de seguridad social que ha sido objeto, tanto por parte de empresarios como de sindicatos, de serias observaciones. En el caso que nos ocupa, trataremos de puntualizar nuestra reflexión, en tomo al lugar que tiene el principio de la solidaridad dentro de la propuesta oficial. Previo a esto es conveniente hacer unos breves señalamientos contextuales.

Desde el año 1989 se viene discutiendo en el país el tema de la reforma del sistema de seguridad social. Bajo el segundo mandato constitucional de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y con la recomendación del FMI, se da inicio a una discusión acerca de la necesidad de adelantar una reforma al sistema de pensiones y de la seguridad social. El primer paso consiste en una consulta al sector financiero, acerca de la viabilidad de extrapolar la experiencia chilena en términos de los fondos de pensiones. La idea no resultó del todo convincente. Bien es sabido que en el país del sur, el cambio del sistema de seguridad social se impuso bajo la voz de las bayonetas y con los sindicatos silenciados. Esta imagen nunca fue totalmente digerible para los sectores de oposición que se resistieron a tal intento en el país. El argumento era más o menos el siguiente: "Si el sistema de prestaciones y pensiones era tan atractivo, porque el sector militar se acogió al anterior régimen" ^(*).

(*) La propuesta de un sistema único de pensiones en el proceso de reforma a la seguridad social que se adelanta en el país, sin lugar a dudas, que va generar tensiones. Los beneficiarios de los 400 regímenes especiales existentes en el país van a reaccionar frente a esta iniciativa. La situación privilegiada sobre el particular de sectores como las FAN, los trabajadores petroleros y los docentes universitarios serán factores que pondrán a prueba la vigencia del principio de la solidaridad. Aquí va a privar el interés grupal sobre el interés colectivo. Con esta sombra de dudas se pretendió introducir en Venezuela el modelo chileno, hecho que dificultó cualquier avance sobre la materia.

En el año 1994 el Dr. Rafael Caldera inicia su segunda gestión presidencial (1994-1998). Es en el año 1997 cuando se alcanza un consenso en tomo a la reforma de la ley Orgánica del Trabajo, hecho que facilita un primer acuerdo en materia de seguridad social. El diálogo tripartido produce un documento que orienta una reforma en seis direcciones: sistema de pensiones, subsistema de salud, subsistema de paro forzoso, subsistema de política habitacional, subsistema de formación profesional y subsistema de recreación. Con la llegada de Hugo Chávez a Miraflores se opta por otro camino, derogando lo que el anterior gobierno había aprobado (para esta cronología: ver el artículo de Andrés Rojas Jiménez, El Nacional, 28-05-01, e/ l).

Una vez creada la comisión presidencial para elaborar un nuevo marco legal en el año 2000, presidida por el Dr. Isaías Rodríguez, el país asiste a un proceso de avances y retrocesos en materia de propuestas y prórrogas que han dejado en una especie de incertidumbre a toda la opinión pública nacional. De ello pueden dar fe todos los medios de información, por lo que no ahondaremos en más detalles.

El 11 de Junio del presente año el Ejecutivo hace público el Proyecto de la Ley del Sistema de Seguridad Social. De los principios que nos interesa resaltar para este trabajo se encuentra el siguiente:

Toda persona tiene derecho al Sistema de Seguridad Social sin discriminación alguna y a ser beneficiada en los alcances, términos y condiciones que fijen las respectivas leyes especiales.

La ausencia de capacidad contributiva de las personas no las excluye de los beneficios que les corresponden por las prestaciones del Sistema de Seguridad Social.

Las leyes especiales que regulen la seguridad social establecerán los contenidos o alcance de lo beneficios que, en ejecución del principio de la solidaridad, les corresponda a las personas que no contribuyan o que contribuyan en menor cuantía, así como los derechos y obligaciones de los beneficiarios (Texto impreso: http://www.globovisión.com).

El anterior principio, el cual fue concebido en estricta correspondencia con el artículo 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha transformado en el centro del debate político y económico nacional.

De todo el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo el que objetivamente suscita la mayor discusión es el que refiere al subsistema de pensiones; pues bien se conoce que es en este punto, en donde las variables económicas y financieras tienen su mejor actuación. En la práctica no es el tema de la salud o los subsistemas de empleo y desarrollo laboral, los que generan la mayor preocupación que impidan un acuerdo nacional sobre la propuesta oficial. Tampoco el énfasis está colocado en el futuro del IVSS; el epicentro se encuentra en el tema de las pensiones pues ellas apuntan a un escenario futuro económico financiero, indispensable para la reactivación del aparato productivo y para la concreción de diversos negocios.

De allí la importancia del principio de la solidaridad, pues para que este subsistema se ponga en marcha, se requiere de la presencia del sector privado, bajo cualquier modalidad, en donde los aportes patronales e individuales pueden entrar en colisión. La sola idea que sugiere la presencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) en este hipotético subsistema está provocando no sólo la confrontación de diversos sectores económicos, sino que ha puesto sobre el tapete un aspecto de la subjetividad del ciudadano que se pretende eludir. Esto es: cuál es el beneficio que se obtiene en ser solidario en un país que está experimentando una indiscutible fractura política.

Este mundo de la subjetividad es una variable que obstaculiza el poner en funcionamiento, en las actuales circunstancias, un proyecto de pensiones como el que públicamente ha esbozado el Ejecutivo Nacional. Entender lo que subyace en el orden de lo subjetivo del colectivo del país, es una tarea nada desdeñable, si se tiene la voluntad de auspiciar cualquier tipo de reformas sobre este aspecto que, de por sí, resulta de gran complejidad.

El tópico de las pensiones es un tema álgido. En la práctica no es el tema de que el subsistema de salud resulte más costoso para la nación que el que pueda representar la creación de un nuevo esquema provisional. Si bien es cierto que el arranque de un sistema de esta magnitud, con presencia privada, requiere del manejo y control de diferentes variables; no es menos cierto, que la dimensión cualitativa, el mundo de la subjetividad, ocupa un lugar de primera importancia. Adecentar el salario es una tarea impostergable. Pero ello toca inevitablemente, el tener que establecer un mínimo de normativas que estimulen la recuperación del. aparato productivo.

No es la política asistencialista la que puede hacer germinar, los empleos productivos. Sin empleos generadores de riquezas no existen puestos de trabajo estables ni salarios decentes. Esto exige, a su vez, un Estado eficiente que pueda diferenciar entre la supervisión y el control de los entes privados que resulten beneficiados para la administración de los fondos y sus respectivas inversiones. De igual forma es imprescindible un Estado que haga más técnica su misión de recaudador tributario.

Y también hay que agregar, que sin control sobre la inflación, no habrá sistema de reparto que pueda llegar eficientemente hasta los principales beneficiarios. Del manejo preciso de todo lo anterior dependerá, en buena medida, el rumbo que podría tomar un sistema de pensiones como del que ya se tiene conocimiento.

Lo otro, lo que conspira con gran resistencia a cualquier tipo de iniciativa, es lo ya antes referido que forma parte de nuestra realidad cultural y política inmediata. Crear una cultura de la solidaridad activa, no retórica, que privilegie el esfuerzo colectivo, social, uniforme y horizontal, (Díaz, 2001, l); que no sea la traducción de un enfoque excluyente y parcelado de un tema de interés nacional. Si esta propuesta no se asume como elemento inseparable del debate político público, que es lo que se observa en los actuales momentos, todo el esfuerzo puesto en la reforma se desvanecerá. Pero hay más de este mundo de la subjetividad del ciudadano que no debe olvidarse para un proyecto de esta envergadura.

Lo que supone una respuesta de esta magnitud no sólo involucra a sus diseñadores. Ella requiere del concurso de unas generaciones que deberán soportar la mayor de las cargas económicas. Los frutos de esta reforma están prefiguradas para las tres próximas décadas. Sobre estas generaciones se asienta el piso de la pirámide. Y surge la inevitable interrogante: ¿Están estas generaciones interesadas en un proyecto de este alcance? Unas generaciones excluidas del trabajo y exponentes en su más clara expresión de la antipolítica, de un individualismo narcisista y posesivo (Casanova, 1998:78), ¿podría mostrar interés alguno, cuando se le menciona que deberá cotizar no sólo por ella, sino también por los que no podrán hacerlo? Pareciera que en estos sectores el tema no está del todo interiorizado.

Lo otro es la presencia de un fenómeno poco conocido en el país. La sociedad venezolana en el marco de la crisis económica, en especial los sectores medios profesionales, han comenzado a hacer uso de la opción migratorio. No era un hecho corriente el que el venezolano migrara. La bonanza petrolera y la relativa estabilidad política institucional de los últimos 20 años, no estimulaba el abandonar el país. Hoy se observan signos que tienen un carácter subjetivo que parecieran indicarnos que existe poco ánimo como para salidas colectivas. Al contrario, estas idas del país nos hablan de opciones individualistas, que en nada están entrelazadas a proyectos asociativos; idea esta última, que resulta imprescindible para edificar un sistema que requiere del concurso de los ciudadanos más jóvenes y que no admite aplazamiento alguno.

Precisamente es sobre la existencia de estos segmentos de la población, con cierta capacidad de ingresos, que han trasladado hacia los Estados Unidos importantes sumas de dólares, sobre los cuales se requiere el enfatizar en un principio como el de la solidaridad intergeneracional sin el cual una reforma del sistema de pensiones no tendría punto de arranque. Obviamente que no se trata de la migración a la cual ciertos medios impresos o auditivos, quieren colocar como íconos de la desobediencia civil; pero si se trata de un contingente humano que está percibiendo algo nebuloso en la atmósfera del país. Como advierte Tulio Hernández cuando se refiere a estos nuevos emigrantes:

... la migración venezolana la protagonizan, al menos hasta ahora, no los más pobres, sino predominantemente, las clases medias. No hay millonarios huyendo desesperados, salvando bienes y liberando sus cuentas bancarias de procesos de estabilización, como la nerviosa Habana de los 60; pero diariamente.. salen millares de dólares y unos cuantos containers de quienes prudencialmente fijan residencia en otro lugar. La modalidad venezolana es curiosa, silenciosa y paulatina (El Nacional, 01-07-01, H/3).

En un tono de advertencia similar, en cuanto a la situación del desempleo que lesiona a las capas medias profesionales que optan por salidas de carácter individual,, también es importante la siguiente observación:

... la incorporación de estas personas a los procesos de trabajo ha estado signada por, una subutilización creciente de sus potencialidades productivas. Igualmente este desaprovechamiento de las capacidades productivas de los universitarios ha alcanzado un punto crítico que ha dado pie al desarrollo de comportamientos socialmente negativos, en especial a la fuga externa del personal capacitado y a la pérdida del valor económico de la Educación Superior (Valecillos, 2001, 58).

Como puede notarse en las dos anteriores opiniones, el país está dejando a la deriva a unos potenciales cotizantes, que sin lugar a dudas, va a necesitar de aprobarse un sistema de pensiones como el previsto. De no hacerlo, tendrá que sacrificar, aún más, y no se sabe hasta que límites, sus recursos financieros como para enrumbar una reforma de un sistema de seguridad social que no ha sido lo suficientemente interiorizada por el conjunto de los ciudadanos.

Si el debate se limita a la retórica ideologizante, y no se fundamenta sobre criterios técnicos; entonces el camino por transitar presentará grandes escollos y será un gran estimulante para las salidas individualistas que, contradicen seriamente el principio de la solidaridad. Del manejo de estas contradicciones, entre lo que supone la solidaridad y las percepciones individuales acerca del futuro, dependerá el rumbo que tome la reforma de la seguridad social en el país. Válido también resulta para la legitimación de un principio como el de la solidaridad, el que se aperturen canales, en donde la opinión de otros actores, como es el caso de quienes conforman la informalidad y mundo sindical, puedan efectivamente acompañar este proceso de reforma. Estos actores podrían ser unos aliados importantes en tan necesario proceso.

SECTOR INFORMAL URBANO Y SINDICATOS: Cercas o Lejanos de la Solidaridad

Un componente explosivo del mercado laboral del presente lo constituye la informalidad. Se habla de 4.470.853 personas que flotan en este segmento, es decir, un 49.9 por ciento de la población económicamente activa, PEA, del país (9.001.888); de acuerdo a la última información de la OCEI de fecha, 01-06-01. Este sector, heterogéneo en su conformación y diversidad de ingresos, tiene que ser objeto de un acercamiento como potencial usuario de los beneficios que supone la seguridad social en su conjunto. No se trata de pretender equipararlos a todos por igual, desde el punto de vista jurídico. Esa es una salida de medio alcance.

En este sector, probablemente se encuentren microempresarios generadores de productos y servicios, a los cuales se les puede facilitar la entrada al sistema en función de sus modestos recursos. Para otros trabajadores informales el acceso como cotizante al sistema tal vez sea de mayor dificultad. Una primera tarea para involucrar a estos trabajadores en un proyecto de esta magnitud, nada fácil por cierto, pero tampoco imposible, es la realización de un censo de microempresarios en base a un determinado perfil patrimonial (infraestructura, maquinaria y equipos, capital de trabajo, número de trabajadores), que permita visualizar, en principio, a cuanto asciende el número de estos que efectivamente estén en capacidad de cotizar. En esta tarea las ONG'S pueden ser de gran apoyo.

El resto de este contingente tendrá que ser objeto de políticas de asistencia social en dos direcciones: que se establezca el compromiso con las microempresas consolidadas a ubicarlas como trabajadores de estas y, la segunda, procurar la celebración de convenios con las alcaldías para que se les permita la realización de sus trabajos sin el acoso oficial a los cuales están a diario sometidos. No son soluciones en el plazo inmediato, pero no deben ser excluidos de un proyecto que indiscutiblemente requiere de un piso político de sustento. Obviar a este contingente humano, no sería cónsono con los postulados de justicia que están presentes en el principio de la solidaridad.

Además, la sociedad en su conjunto, y el Estado en particular, tienen que admitir que la existencia de la informalidad, es una deuda que debe asumirse de manera compartida.

Caso particular dentro de la reforma del sistema de seguridad social lo ocupa el sindicato. El sindicato venezolano, copartícipe de un sistema de relaciones laborales que se legitimó bajo la sombra del Estado, ha tenido posiciones ambiguas, frente al tema de la reforma que ya se ha iniciado. Nuestro sindicato, al igual que sus homólogos latinoamericanos, se ha mantenido casi inmutable a los cambios operados en el mundo del trabajo en todos los órdenes. Julio Godio sobre el particular señala:

En el mejor de los casos, percibieron los cambios en la economía, la sociedad, los valores socioculturales y los procesos internos de las empresas, pero sin sacar conclusiones para la estructura interna sindical, las formas de acción (citado por: Ensignia, 1998: 60).

Y como resultado de lo anterior, debe agregarse que al sindicato venezolano lo amputó la inercia, la quietud y la burocracia. Su desconexión con los grandes temas nacionales lo condujo a un divorcio frente a sus afiliados y al país. Temas de permanente preocupación por parte de los ciudadanos como la democracia, el costo de la vida, el transporte, la educación, la violencia, la inseguridad, la informalidad, etc.; no formaron parte de la agenda cotidiana del sindicalismo nacional. Encerrados en los vericuetos de sus reclamos contractuales, perdieron de vista lo que acontecía en los hogares de los venezolanos. Ahora tienen un enorme reto. Plantear un diálogo con el país sobre los grandes problemas. Acompañar los reclamos del ciudadano como parte indisoluble de la lucha social.

Probablemente con estas iniciativas, que a veces no beneficiarán directamente a los miembros del sindicato, éste gana prestigio y solidez, aprende métodos de acción menos uniformes, aprovecha el dinamismo de nuevas fuerzas, que en contra partida le respaldarán en sus acciones tradicionales (Alburquerque, 1998: 11).

El sindicato venezolano, además de las anteriores tareas y alianzas estrategias que tiene que propiciar, debe buscar salidas urgentes a la encrucijada política del presente a la que está sometido. Simultáneamente debe convertirse en vocero por excelencia de un principio que le legitima históricamente como lo es la solidaridad. Quién mejor que éste para contagiar a los escépticos y decepcionados de la democracia, que en el principio de la solidaridad reside la fuente de la equidad social. La lucha por los derechos adquiridos también alude al campo de la seguridad social.

El sindicato deberá traducirle a los ciudadanos que la salida no es el ausentarse del país, sino compartir el esfuerzo de todos, que no es otro, que el posesionarse de un futuro digno. Hacer que esta reforma de la seguridad social no deje al descubierto a los ciudadanos, es un acto de solidaridad.

Apreciación Final

En vísperas de una eventual aprobación de un nuevo régimen de seguridad social en el país, se plantean algunas tareas con carácter de urgencia. La primera de ellas apunta a la necesidad de la búsqueda del consenso político entre todos los actores de las relaciones labores. De igual forma es imprescindible que, sin el abandono de las respectivas posiciones doctrinarias del caso, este proceso se cumpla alejado del debate retórico e ideologizante. La importancia de poder contar con un nuevo régimen de seguridad social no es asunto del presente. Se trata más bien de la confección de un conjunto de estructuras administrativas, que tienen que prefigurar el tipo de sociedad que deseamos para las futuras generaciones. Este nuevo sistema tiene que estar sustentado en criterios técnicos pero con un alto contenido social y de equidad.

De allí que sea necesario resaltar el principio de la solidaridad dentro de nuevos escenarios socio-económicos que exigirán el esfuerzo colectivo. Para este proyecto se requiere superar las visiones escépticas y apocalípticas de las capas de jóvenes profesionales que están transitando otras salidas. No hay que olvidar que sobre estas generaciones recaerá la mayor responsabilidad de la reforma. Al sindicato nacional le corresponde asumir un rol decisivo. Su actuación en este proyecto resulta vital. La defensa que éste haga de la solidaridad como principio fundamental, es la clave que facilitará el concurso de los ciudadanos en tan importante avance.

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